El reparto de responsabilidades entre la Nación y las provincias para fiscalizar la higiene y la seguridad en el trabajo ha tenido frecuentes cambios, en algunos períodos concentrándose esa función en el gobierno nacional y, en otros, en los gobiernos provinciales. Luego del reinicio de la institucionalidad democrática en 1983, las provincias empezaron a recuperar este poder de policía, subsistiendo de manera más reducida el que venía ejerciendo el gobierno nacional a través de la ex Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
En medio de estos vaivenes institucionales, el poder de policía estatal parece haber sido muy débil. Aunque no existen estadísticas de inspecciones que permitan sacar conclusiones definitivas, fue posible estimar dos indicadores de la acción estatal teniendo en cuenta las dotaciones de inspectores de la mencionada dirección u las multas recaudadas durante en período 1992-96.
En primer lugar, se estimó que, en la Argentina, un empleador promedio debía esperar 90 años para recibir una visita de un inspector nacional. A partir de las cifras de multas recaudadas se estimó que, añadida a la baja probabilidad de recibir una inspección, la penalidad económica en caso de detectarse una infracción también era muy tenue, sobre todo si se tiene en cuenta que un incumplimiento puede poner en riesgo la vida de una persona. Más específicamente, un empleador al que se le detectaba una infracción, podía esperar una multa de $7,4 por trabajador. Este valor se obtuvo dividiendo el promedio anual de multas recaudadas por la cantidad estimada de trabajadores que dependen de empleadores a los que se les inició un sumario.
Las acciones de fiscalización desarrolladas por los gobiernos provinciales son más difíciles de evaluar debido a que las políticas que aplicaron han sido diversas en su alcance y a que no existe información sobre su intensidad. A modo de aproximación, adoptando el supuesto muy optimista de que el conjunto de las provincias contaron con una dotación de 150 inspectores, el esfuerzo de fiscalización combinado del gobierno nacional y las provincias, arroja un período de espera de alrededor de 25 años para que un empleador reciba una visita.
En conclusión, las frecuencias de inspecciones, suponiendo un alto estándar de eficiencia en el uso de los recursos humanos y técnicos, indican posibilidades muy débiles de estimular y garantizar la prevención por medio de esta política aislada. Más aun, el aumento de recursos para reforzar acciones de fiscalización y sanción en caso de incumplimientos tendrían un impacto relevante sobre las conductas de los empleadores en materia de prevención sólo si fuera acompañado armónicamente con otros instrumentos.