Un censo realizado en el año 1996 sobre el universo de empleadores revela que solamente el 3% de las empresas argentinas cumplían con la normativa de higiene y seguridad y que casi la tercera parte de ellas no cumplía ni siquiera con las normas básicas de seguridad.
No debe sorprender que en un escenario como éste, la tasa de mortalidad en la Argentina ascendiera a más del doble de la de España y a casi seis veces la correspondiente a los Estados Unidos de América. Desde una perspectiva histórica, la tasa observada en la actualidad en nuestro país es similar a la que tenían los Estados Unidos en la década del 30.
A partir de julio de 1996 se comenzaron a develar de manera más precisa la magnitud y las características de la siniestralidad oculta. Así, es posible conocer que ocurren alrededor de 1.000 siniestros laborales por día, de los cuales casi el 40% afectan los ojos, las manos y los dedos. Stenta casos diarios son accidentes in itinere, y entre dos y tres trabajadores sufren siniestros fatales.
La alta siniestralidad en la Argentina es una evidencia del fracaso de la política de prevención de accidentes y enfermedades en nuestro país. Sus causas no parecen residir tanto en la ausencia de normativa y regulaciones aplicadas para lograr la seguridad en el trabajo. De hecho, la Argentina ha sido prolífica en esta materia. Antes bien, este dramático resultado parece obedecer a la falta de adecuación de la normativa y a inapropiadas metodologías para implementarla, tornándola inaplicable o, lisa y llanamente, desobedecida. En otras palabras, la falta de una articulación y conexión más estrecha entre la prevención y las necesidades de empleadores y trabajadores conspiró contra el logro efectivo de los objetivos propuestos.
La alta siniestralidad es también una evidencia contundente del notable atraso que la Argentina ha acumulado en materia de prevención. El costo en vidas y sufrimiento humano por lesiones y enfermedades, por encima de cualquier valor económico que se le asigne, dan una señal de alerta muy clara para reconocer el fracaso y acelerar el cambio en la política de prevención.