Las provincias, a la fecha de sanción de la LRT, habían alcanzado un grado de desarrollo diverso en cuanto a infraestructura, recursos humanos y presupuestarios como para cumplir un rol relevante en la supervisión del funcionamiento del nuevo sistema. En general, el diagnóstico predominante es que contaban con estructuras muy débiles.
Los esfuerzos habían sido puestos fundamentalmente en el funcionamiento de las Juntas Médicas que preveía la legislación anterior. Esto llevó a que la mayoría de las provincias habían logrado desarrollar una infraestructura para atender los reclamos y procedimientos para la determinación de incapacidades. Esta circunstancia permitió autorizarlas, mediante resolución de la SRT o a través de convenios, a fiscalizar los exámenes preocupacionales y homologar los acuerdos de partes para determinar las incapacidades laborales parciales permanentes.
En el marco de la ejecución federal del Programa de Acciones para la Prevención (PAP), la Nación y un conjunto de provincias han firmado acuerdos marco y operativos. Los convenios con las provincias permiten desarrollar en forma coordinada la fiscalización a empleadores, la tramitación sumarial, y las acciones de prevención. La SRT apoya el fortalecimiento de las estructuras físicas y de recursos humanos y el financiamiento de cursos de capacitación para un número significativo de agentes provinciales.
La heterogeneidad de estos avances pone en evidencia el amplio espacio que aún queda por recorrer, en materia de complementación.